Desde la primera semana de septiembre, Robert Alexánder López (presunto asesino de Marjorie) puede salir de la cárcel si paga una multa de $150 mil. Todo porque la Fiscalía y el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Medellín no podían ponerse de acuerdo si Marjorie era servidora pública o una contratista de la Alcaldía, lo que obligaba a establecer si quien debía llevar el caso era un juez especializado o uno ordinario. En los 90 días siguientes a la captura debe iniciarse el juicio frente al imputado, sin embargo, en este caso no se había iniciado 246 días después debido a la falta de claridad señalada. Por tal motivo, la juez declaró “Vencimiento de Términos” y el imputado sólo debe pagar la multa establecida para ser liberado.
Esta noticia nos obliga a pensar lo que pasó y lo que debe pasar. Inicialmente la estupefacción nos lleva a las preguntas obligadas: ¿Por qué no se obtuvo la información pertinente sobre la condición laboral de Marjorie en 9 meses de pesquisas? ¿Quién no la solicitó a tiempo? O ¿Quién no la otorgó a tiempo? ¿Por qué se tarda 9 meses la respuesta requerida si puede solicitarse a través de un derecho de petición que no demoraría más de 10 ó 15 días? ¿De quién es la negligencia? ¿Cuál es la sanción por esta negligencia?
La División Clínica del COLEGIO COLOMBIANO DE PSICÓLOGOS le propone a la Fiscalía General de la Nación que tome decisiones para que se haga justicia, sin dilaciones, sin excusas, sin más debates, sólo que actúe. A la Defensoría del Pueblo y la Personería de Medellín un llamado para la protección de los derechos de la familia de Marjorie. Y a la Corte Interamericana de Derechos Humanos una invitación a seguir este caso muy de cerca.
No es momento para debates estériles, palabras desgarradas de dolor, estupefacción y frustración, es momento para la acción efectiva que nos lleve a la conclusión de un juicio justo para el imputado y una resolución basada en derecho para que Marjorie, por fin, descanse en paz.
A la familia de Marjorie nuestro abrazo de solidaridad personal y profesional y nuestro indeclinable compromiso con la justicia en este caso.
Diego Castrillón Moreno
Director Ejecutivo
Colegio Colombiano de Psicólogos – División Clínica
Yulieth Gutierrez – Tanith Puentes
Asistente
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